El acceso a la educación superior es un derecho de los jóvenes. Independientemente de la situación económica de estos jóvenes, el Estado debería financiar, a través de los impuestos, la existencia de institutos y universidades públicos de calidad a los que asistan y, con ello, igualar las oportunidades de formación necesarias para competir en el mercado laboral. Leer más ⇢